“De la mano de más de 40 personas que componen el colectivo, estamos avanzando en la ruta campesina de restitución, que revalúa lo que venía siendo la ruta individual porque le da reconocimiento al campesinado como sujeto de derecho; como sujeto histórico e intercultural que tiene una relación estrecha no solamente con la tierra sino con el territorio y, por tanto, en la construcción de la nación”, puntualizó Martha Liliana Arévalo, directora territorial de la URT Bogotá.
Es importante tener en cuenta que, con base en la decisión del Congreso de la República el 13 junio del 2013, de reconocer al campesinado como sujeto político de especial protección constitucional, la URT busca restituir colectivamente a los campesinos para avanzar en su reparación.
El reconocimiento del campesinado como sujeto político ayuda a fortalecer la restitución colectiva, una de las acciones de la ruta campesina con que la URT busca establecer estrategias que atiendan no a un individuo, sino a su comunidad. Algo parecido ya se había hecho en la Ley 1448 de 2011 con una ruta colectiva, pero que solo atiende casos de pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, poblaciones a las que desde 1991 se les reconocen derechos sobre la tierra.
De acuerdo con la directora territorial Martha Liliana Arévalo, “el caso de Miraflores de gran importancia para la territorial Bogotá: se trata de 102 familias que fueron víctimas de despojo y desplazamiento masivo, y es nuestro primer caso de sujeto colectivo. Estamos trabajando para que puedan recuperar sus predios”.
Contexto histórico
Miraflores fue objeto de un proceso de colonización basado en las economías extractivas, como la explotación del caucho, que desde la segunda mitad del siglo XX derivaron en graves atropellos a la población indígena (esclavitud, desplazamiento y asesinato). A partir de los años setenta incursionó en la región la economía cocalera, aprovechando la informalidad propia de la colonización y explotación de recursos naturales de las regiones de la Orinoquía y de la Amazonía.
Desde entonces las extintas Farc-EP, principalmente su frente primero, inició la presencia territorial y el progresivo dominio sobre la región, para convertirse durante la década de los ochenta en la autoridad encargada de regular las economías locales, la explotación de recursos y dirimir los conflictos entre la población.
De esto derivó que dicha guerrilla haya convertido a la economía cocalera de la región en una fuente de financiación para su actividad, y a la zona en la base de sus actividades militares.
En tal contexto sucedieron las dos tomas guerrilleras del municipio: la primera en el año 1995, y la segunda –la toma a la base antinarcóticos ubicada en el casco urbano–, el 3 de agosto de 1998.
El principal causante de la violencia en la zona fueron las Farc, a raíz de su política de control territorial y poblacional, de su ejercicio financiero, tal como el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. A causa de las confrontaciones con la Policía Nacional, el Ejército y las diferentes estructuras paramilitares como las Autodefensas Campesinas del Casanare y el Bloque Centauros de las Auc, incorporaron la lógica amigo – enemigo, por lo que fueron frecuentes las amenazas en contra de los pobladores, particularmente aquellos que no compartían sus ideales, los señalados por sospecha de colaborar con el enemigo o quienes por alguna razón se negaron a acatar sus directrices.
La estigmatización de los pobladores bajo la lógica amigo – enemigo fue reactiva; por lo que los abusos hacia la población aumentaron en los momentos en los que otros actores armados (Ejército o paramilitares) agudizaron sus operaciones en el territorio, y menguaron cuando el dominio guerrillero careció de disputa.
Fuente información: Boletin de prensa Unidad de Restitución de Tierras – sede Bogotá
