El presidente Gustavo Petro, en conjunto con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), ha descubierto una red de más de 100 IPS y clínicas inexistentes que facturaban servicios médicos al Estado. El hallazgo ha generado un fuerte debate sobre la necesidad de una reforma en el sistema de salud.
Según la investigación, las EPS presentaban cuentas de cobro infladas, alegando haber utilizado servicios de estas clínicas fantasma. Las facturas incluían millones de pesos en tratamientos médicos, citas, medicamentos y, especialmente, atenciones por accidentes de tránsito, que resultaron ser los ítems más facturados.
La denuncia sobre estas “clínicas de papel” no es nueva. En 2011, el general Óscar Naranjo advirtió sobre la existencia de estas entidades ficticias. Sin embargo, la denuncia fue ignorada por los gobiernos de turno y quedó en el olvido. Tras 13 años, el gobierno de Petro ha retomado la investigación con un enfoque exhaustivo, exponiendo la magnitud del fraude.
El presidente Gustavo Petro expresó su indignación en su cuenta oficial de X: “Así se robaban los dineros de la salud”. La investigación actual apunta a que las cuentas presentadas por las EPS eran fraudulentas, con inventos de accidentes de tránsito y falsificación de información.
La magnitud del escándalo ha generado críticas por parte de los dueños y gerentes de las EPS, quienes se oponen al proyecto de reforma a la salud del presidente Petro. La reforma, que busca implementar medidas más estrictas y transparentes, enfrenta una fuerte resistencia en el Congreso.
El director del ADRES, Félix León, anunció nuevas medidas para combatir este tipo de fraudes. A partir del segundo semestre de 2024, las EPS deberán presentar no solo las facturas, sino también la trazabilidad en tránsito y transporte de la ciudad. Además, se exigirán pruebas como las que solicita el código de procedimiento penal, incluyendo reportes judiciales de las lesiones, para evitar la invención de accidentes.
Este esfuerzo del gobierno del Presidente marca un hito en la lucha contra la corrupción en el sector salud, esperando que esta vez las denuncias no queden en el olvido y se traduzcan en una reforma estructural del sistema.
