La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, se pronunció sobre el caso de las camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que movilizaban a disidentes de las Farc.
La funcionaria aseguró que este caso en particular debería encender una alarma y, por ende, solicitó al Gobierno Nacional que ponga mayores restricciones a los disidentes de las Farc y de otros grupos con los cuales se está o se busca avanzar en negociaciones de paz.
Sobre el particular, enfatizó que el caso no pasó inadvertido por la entidad, aspecto que estaba en duda debido a la libertad y la suspensión de las órdenes de captura de estos cabecillas de las disidencias. Todo esto, a pesar de que se estableció que en uno de los vehículos de alta gama adscritos a la UNP se encontraba un menor, que fue reclutado cuando tenía 12 años.
Ante esto, la funcionaria aseguró que las investigaciones contra los implicados no fueron suspendidas. Finalmente, aseguró que la Fiscalía modulará con mayor rigor los casos de solicitud de suspensión de órdenes de captura que realiza el Gobierno con fines del proceso de paz.
“Importaría que nos sentemos a pensar seriamente, si no existen unas limitaciones de desplazamiento con efectos de la mesa, como yo entendería que debería suceder, sino que existe una posibilidad de que quienes tienen suspendida la orden de captura estén desplazándose por todo el país. Seguramente que el Gobierno lo tendrá que modular en sus futuras peticiones y lo tendremos que modular en las suspensiones de órdenes de captura que tenemos hoy con fines del proceso de paz”, resaltó la Fiscal General de la Nación.
En su pronunciamiento, expresó que estas solicitudes a la Fiscalía son realizadas por la oficina del Alto Comisionado para la Paz, con base en el marco legal y no es una decisión autónoma del organismo.
JUAN JOYA
