Además, al acusado le fue impuesta una multa de $2.988 millones.
El exnotario Jacinto de Jesús Vásquez Herrera fue condenado por una juez penal especializada de Quibdó por facilitar la usurpación de tierras en el departamento del Chocó. Según la Fiscalía General de la Nación, Vásquez Herrera contribuyó a que estructuras paramilitares se apropiaran de terrenos en las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó, ubicadas en los municipios de Riosucio y Carmen del Darién, en la subregión del Urabá chocoano.
El exfuncionario se habría valido de su posición como notario de San Jacinto (Bolívar) para legitimar, mediante actos notariales irregulares, la ocupación indebida de predios que pertenecían a comunidades campesinas y afrodescendientes. “Se estableció que, mientras ejerció el cargo de notario, Vásquez dio apariencia de legalidad a la ocupación violenta de tierras realizada por la autodenominada ‘Casa Castaño’, el bloque Élmer Cárdenas y el bloque Bananero de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”, precisó la Fiscalía.
Durante el juicio, el ente acusador presentó evidencia de que estas acciones se habrían llevado a cabo entre 1996 y 2001. Vásquez avaló enajenaciones de predios a precios muy por debajo de su valor real, bajo la modalidad de compraventa forzada, con documentación falsa y bajo presión armada. Estas transacciones permitieron que los grupos armados consolidaran su control territorial y desarrollaran proyectos agroindustriales, como cultivos de palma de aceite y ganadería extensiva, incluso en zonas de reserva forestal.
La juez impuso una pena de nueve años y dos meses de prisión, además de una multa superior a los 2.988 millones de pesos. La sentencia, de primera instancia, puede ser apelada por la defensa. También se ordenó revisar y anular los actos notariales que permitieron el traspaso irregular de la propiedad de los predios, como parte de los procesos de restitución a favor de los legítimos propietarios.
“Este caso demuestra como actores institucionales facilitaron de manera consciente el despojo violento de tierras en territorios históricamente azotados por el conflicto armado”, señaló la Fiscalía. La información recopilada forma parte de un macrocaso sobre despojo de tierras en el que también se investiga la participación de empresarios y otros servidores públicos.
Las autoridades anunciaron que continuarán las investigaciones para identificar a otros funcionarios o particulares que hayan participado en estas redes de apropiación indebida de tierras. El caso representa un paso importante en los esfuerzos del Estado por determinar y sancionar los crímenes asociados al despojo de tierras, una de las estrategias más persistentes de dominación territorial utilizadas por grupos armados ilegales.
Escrito por: Juan Joya
