VILLAVICENCIO META. En un encuentro histórico con los medios de comunicación alternativos y comunitarios, el director general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Giovani Yule Zape, y el director territorial para Meta y Guaviare, Robert Gabriel Barreto Lara, presentaron un balance que marca un hito en la reparación a las víctimas de despojo y abandono forzado en la región.
Durante el actual Gobierno, se ha logrado la entrega del 55% de la totalidad de las hectáreas restituidas en la historia del departamento del Meta. De las 114.000 hectáreas devueltas en la región bajo el marco de la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011), 63.600 hectáreas han sido entregadas formalmente durante la actual administración.
El director de la URT explicó que el registro oficial histórico de despojo y abandono forzado en Colombia asciende a 14.241.000 hectáreas, afectando en su gran mayoría a comunidades rurales. Por esta razón, la entidad ha transformado sus dinámicas internas, implementando estrategias como la atención a víctimas en cascos urbanos y, de manera primordial, la creación del Consejo de Mayores. “Con el Consejo de Mayores rompimos un paradigma”, afirmó Yule Zape. “La tradición histórica dictaba que a estos espacios institucionales solo llegaban quienes tuvieran títulos de las grandes universidades. Pero la Constitución de 1991, en su artículo séptimo, reconoce la diversidad étnica y cultural. Quienes integran este Consejo son hijos del territorio, de la universidad de la vida y de los usos y costumbres. Ellos son el cordón umbilical entre la institucionalidad y las comunidades”.
El director general subrayó que la gestión actual de la entidad ha logrado exponer e impulsar cerca de 8 millones de hectáreas en la etapa administrativa y judicial, superando los indicadores de gestiones anteriores, y proyectando sobrepasar el millón de hectáreas materializadas con entrega jurídica y material al cierre del periodo. Ante la magnitud de la deuda histórica (las más de 14 millones de hectáreas despojadas), Yule planteó la necesidad de avanzar en los debates en el Congreso para la articulación de la Jurisdicción Agraria y la evaluación de la prórroga de la ley para atender los casos pendientes.
Cifras y realidades: El impacto en el Meta y el Guaviare
Por su parte, Robert Gabriel Barreto Lara, director de la territorial Meta y Guaviare, desglosó la ruta operativa del proceso de restitución, el cual consta de tres etapas claves: administrativa (identificación del predio y reclamante), judicial (representación legal ante jueces) y cumplimiento de sentencias (entrega del predio o compensaciones). Recordó de manera enfática que la representación jurídica que ejerce la URT a favor de las víctimas es totalmente gratuita.
La gestión territorial arroja los siguientes datos clave:
1. Solicitudes y Gestión Judicial
Solicitudes totales en la territorial: Se reportan 12.681 solicitudes de restitución, distribuidas en 10.216 en el Meta, 2.176 en el Guaviare y 289 en los municipios de Medina, Paratebueno y Ubalá (Cundinamarca).
Nuevas reclamaciones: Durante el actual Gobierno de Cambio, se han recibido y sumado 1.137 nuevas reclamaciones en la región.
Representación en juzgados: La territorial ha llevado 1.734 casos ante la justicia especializada, de los cuales 472 han sido radicados bajo la actual administración.
2. Avances Históricos en la Ruta Étnica
La restitución a comunidades ancestrales es uno de los ejes más sólidos de la gestión regional. Actualmente se gestionan 55 casos étnicos (38 en el Meta y 17 en el Guaviare) y se han radicado 33 demandas en favor de comunidades indígenas.
Dentro de los logros más significativos bajo esta administración, se destacan dos sentencias históricas en el municipio de Puerto Gaitán (Meta):
Resguardo Indígena Florida Kawinanae: Restitución de 16.035 hectáreas.
Territorios Ancestrales Awalibá y La Campana: Restitución de 34.500 hectáreas.
3. Proyectos Productivos para el Retorno Digno
El proceso no concluye con la entrega jurídica de la tierra; busca garantizar la estabilidad socioeconómica de las familias para que vuelvan a producir de manera sostenible.
Desde la vigencia de la ley, la dirección territorial ha implementado 113 proyectos productivos con una inversión total que supera los $3.402 millones de pesos.
De ese consolidado, 14 proyectos productivos han sido ejecutados de forma directa en el actual Gobierno, con una inversión de $632.415.043 pesos, financiando iniciativas agrícolas, pecuarias y emprendimientos urbanos.
Escrito por Mary Luz Martinez
